Defendemos a personas cuyos derechos fundamentales (como la libertad personal, la presunción de inocencia, la legalidad, entre otros) han sido vulnerados durante una investigación penal, proceso judicial o ejecución de pena. Esto incluye impugnar órdenes de aprehensión, prisión preventiva injustificada, violaciones al debido proceso o actos de autoridad ministerial o judicial que excedan sus facultades.

Protegemos los derechos patrimoniales, de propiedad, posesión y otros derechos civiles cuando han sido afectados por resoluciones judiciales, actos administrativos o normas que contravienen la Constitución. Ejemplos comunes incluyen desalojos irregulares, embargos indebidos o negativas a reconocer derechos sucesorios.

Intervenimos en casos donde se vulneran derechos fundamentales en el ámbito familiar, como el interés superior del menor, el derecho a la vida familiar, la igualdad entre cónyuges o la protección contra actos discriminatorios en procesos de divorcio, custodia, alimentos o adopción.

Impugnamos actos de autoridades administrativas federales, estatales o municipales que lesionen derechos, tales como multas desproporcionadas, clausuras injustificadas, negativas a otorgar licencias o permisos, o resoluciones de organismos reguladores que afecten la actividad económica o profesional de nuestros clientes.

Brindamos defensa constitucional en controversias derivadas de relaciones comerciales, como la aplicación indebida de normas mercantiles, violaciones al derecho de audiencia en concursos mercantiles, o actos de autoridades que interfieran con la libertad de empresa, propiedad industrial o derechos contractuales.